martes, 20 de abril de 2010

Jóvenes y derecho al trabajo

Jóvenes y derecho al trabajo

Elaborado por Poder y Unidad Popular.

Diagnóstico[1].

Los jóvenes (personas de 15 a 26 años) corresponden al 21,3% de la población colombiana. En 2006 sumaban 9,6 millones de personas, 52% de las cuales eran mujeres.

A pesar de encontrarse en una etapa de gran potencial para la formación y/o para la generación de ingresos, 1,5 millones (16%) se encuentra en la inactividad tanto laboral como escolar: no estudia, no trabaja y tampoco busca empleo. En los hogares más pobres (quintiles 1 y 2), esta condición se presenta para 1 de cada 5 jóvenes.

El 7% de los hogares colombianos tiene un jefe joven y éstos sufren mayores privaciones que los hogares con jefe no joven.

Los jóvenes representan el 27,6% de la fuerza de trabajo del país. Su participación en el mercado laboral es inferior a la del total de la población (59,3% frente a 55,5%).

Los jóvenes se ocupan principalmente como obreros o empleados particulares (46%) a diferencia de los no jóvenes que primordialmente se ocupan como trabajadores independientes (42%). Se destaca la alta proporción de jóvenes ocupados como jornaleros, trabajadores familiares sin remuneración y empleados domésticos, posiciones asociadas a condiciones laborales precarias.

Los jóvenes de los hogares más ricos tienen mayor participación laboral que los jóvenes de los hogares más pobres. En 2006, la Tasa Global de Participación (TGP) para los ricos alcanzaba 58,0% frente al 51,0% de los pobres.

Los jóvenes ocupados de los quintiles 1 y 2 (en adelante jóvenes pobres) presentan algunas particularidades con respecto a los jóvenes de los quintiles 3, 4 y 5 (en adelante no pobres):

· Hay mayor presencia de trabajadores familiares sin remuneración (12,2% frente a 7,0%).

· Participan de manera más significativa en los sectores económicos de agricultura (24,3% frente a 20,7%) y comercio (27,0% frente a 24,1%).

· Tienen una participación ostensiblemente más baja en ocupaciones como profesionales, técnicos y personal administrativo (10,9% frente a 21,8%) y en contraste tienen una alta ocurrencia como trabajadores agropecuarios y operarios (49,3% frente a 39,7%).

Dentro de las categorías de empleo, un 47.1% de las y los jóvenes empleados son asalariados. Un 40.6% son independientes. Un 12.2% son trabajadores sin remuneración.

De los jóvenes trabajadores asalariados pobres (Quintiles 1 y 2) sólo un 15.5% tiene un empleo de buena calidad, entendido esto como la suma de cuatro factores: 1) Afiliación al Régimen de Salud; 2) Afiliación al Régimen de Pensiones; 3) Su trabajo tiene un límite razonable de horas, de acuerdo con la ley. 4) Tiene un salario acorde con la ley: Devengando un salario mensual igual o superior al mínimo legal, o en caso de recibir uno inferior, tiene un salario por hora igual o superior al mínimo llevado a hora. En contraste, el índice de jóvenes trabajadores asalariados no pobres (Quintiles 3, 4 y 5) que tienen las cuatro condiciones es igual al 29%.

En el caso de los jóvenes trabajadores independientes pobres (Quintiles 1 y 2), apenas el 1% se encuentra afiliado al régimen de pensiones; un 9.7% tiene salarios iguales o superiores al mínimo.

El 12,2% de los jóvenes pobres ocupados en 2006 era trabajador no remunerado, esto es, 150 mil jóvenes que desarrollan labores en un negocio o actividad económica explotado por un familiar y residen en el mismo hogar sin recibir salario en dinero ni especie.

Considerando el total de los jóvenes trabajadores (asalariados, independientes y trabajadores familiares sin remuneración), solo el 7,5% goza de una situación laboral de calidad. Además, el 57,3% de los jóvenes pobres ocupados enfrentan condiciones extremadamente deficientes.

La ley 789 de 2002, reformó el contrato de aprendizaje facilitando la precarización del trabajo juvenil al vincula a jóvenes de 18 a 26 años a empresas públicas y privadas con una remuneración del 50% del salario mínimo legal durante una fase lectiva, y del 75% para una fase práctica. La misma ley le quitó al carácter laboral a este contrato, impidiendo que estos jóvenes puedan sindicalizarse.

De acuerdo con la Campaña Trabajo decente, vida digna: “El desempleo se ubica en el 20.9%, 27.3% en el caso de las mujeres, lo cual representa un total de 1.036.800 jóvenes desempleados/as, es decir, casi la mitad de los desocupados del país, a pesar de que la población joven representa apenas un cuarto de la PEA colombiana[2].

De acuerdo con la última edición de la Revista Semana (1450 pág 62), el Ministerio de Comercio se encuentra adelantando una campaña para promover los servicios tercerizados en Colombia. Las exportaciones al año por estos servicios llegan a los 650 millones de dólares al año. Aunque el énfasis principal se ha presentado en los call centers, también se promocionan otros servicios tercerizados como cobranzas, televentas, servicios arquitectónicos y contabilidad.

Propuestas.

· Derogar las normas que precarizan el trabajo de las personas jóvenes, especialmente la ley 789 de 2002, en particular en lo relacionado con el Contrato de aprendizaje.

· Formular una política de empleo consistente con los derechos consignados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo).

· Conforme con lo anterior, desarrollar una política laboral que promulgue un Estatuto del Trabajo, en los términos planteados por la constitución de 1991 (art 53). Dicho Estatuto debe formularse de manera coherente con las políticas educativas (incluyendo la formación técnica) y con la política pública de ciencia y tecnología, con el fin de desarrollar una política comprensiva en relación con el trabajo juvenil. De la misma manera, ese Estatuto del Trabajo deberá contener una regulación estricta en relación con el trabajo de las mujeres.

· La política laboral plasmada en el Estatuto deberá basarse principalmente en tres criterios: 1) Redistribución de ingresos; 2) Estímulo a las capacidades humanas y el bien-estar; y 3) Plenas garantías para la asociatividad de las y los trabajadores jóvenes, especialmente de la libertad de asociación sindical.

· Desarrollar una política de fijar el salario mínimo con base en criterios de progresividad y prohibición de regresividad (principios propios del Derecho internacional).

· Rechazo a los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación que contengan medidas que vulneren los derechos de las y los trabajadores. Rechazo a las medidas tendientes a facilitar las inversiones foráneas que precarizan el trabajo juvenil.

· Prohibir la práctica reiterada de las Cooperativas de Trabajo Asociado, estrategia que permite la precarización laboral de miles de personas en el país.

· Dentro del Estatuto del Trabajo, desarrollar una política de trabajo rural que permita desarrollar el trabajo decente para las y los jóvenes en el mundo agrícola.

· Desarrollar mecanismos de monitoreo al trabajo familiar no remunerado.

· Reformar el régimen de salud y pensiones con criterios de mayor flexibilidad y continuidad, permitiendo la afiliación de trabajadores jóvenes independientes. Desarrollo de mecanismos que eviten la especulación financiera de las cesantías de las y los trabajadores. Lo anterior en el marco de una reforma integral al sistema de seguridad social en salud y pensiones.

· Desarrollo de una política en relación con las y los jóvenes padres y madres de familia, combinando la prevención del embarazo adolescente con medidas de apoyo laboral, y facilidades en educación técnica para las y los jóvenes.

· Desarrollo de una política de monitoreo a los servicios tercerizados tales como call centers, cobranzas, televentas, servicios arquitectónicos y contabilidad. Tal política deberá contemplar medidas tributarias y laborales. De la misma manera, desarrollar una política de monitoreo de aquellos sectores de la producción y los servicios responsables de precarizar el trabajo femenino, como la floricultura y el comercio de ropa importada. Deberán formularse sanciones tributarias y de otra índole para estas empresas.



[1] Salvo cuando se indique lo contrario, los datos son tomados de: “Observatorio de Coyuntura Socioeconómica OCSE” n.° 19, diciembre de 2008. Universidad Nacional, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, Ministerio de la Protección Social.

[2] Ver Campaña Trabajo decente, vida digna, “Una política de exclusión sistemática”, en “¿Continuidad o desembrujo?”, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Bogotá, 2009.

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